ESCENARIO Sociedad

Políticas migratorias : se firmó la derogación de las medidas migratorias que impuso Macri

El Gobierno de Alberto Fernández derogó ésta semana un punto clave en las leyes migratorias que había sido aprobado durante la gestión de Macri. Cuales son los puntos claves y como repercute desde ahora en mas.

El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.

A través de un comunicado, el apoyo de la Amnistía Internacional se manifestó oficialmente a través del mismo, dado que los mismos entendían que en antiguo decreto «violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina».

Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales.

La nueva normativa restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70» y crea una «Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871».

«El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata», indicó el CELS en su cuenta de Twitter.

Además, el decreto derogado «significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004» y «formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes», aseguraron desde el CELS.

«El decreto derogado reformaba de manera inconstitucional la Ley de Migraciones y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en Argentina, organismos internacionales y en causas individuales y procesos judiciales colectivos», escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Desde Juntos por el Cambio el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, tuiteó que la medida «es incomprensible» porque «en lugar de pensar en la gente, derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes» y agregó que «el que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina».

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, al señalar en un tuit que «el Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos» y que el Gobierno pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país, algo que nosotros impedimos con un decreto y ellos lo derogaron».

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR) anunció en un comunicado que junto a su par y titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado hoy, ya que «el Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos».

También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró en su cuenta de Twitter que «el Gobierno sigue retrocediendo y lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos».

Miguel Ángel Pichetto
El exsenador y actual integrante de la AGN, Miguel Pichetto, dijo por la misma red social que «no hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales» y que la norma «facilita el narcotráfico y las organizaciones delictivas», por lo que es un grave error que denota una carencia de sentido común».

El decreto derogado este viernes «modificó aspectos sustanciales» de esa ley, según figura en los considerandos de la norma, y como resultado se observan violaciones a los derechos humanos, como el debido proceso, asistencia y defensa legal y la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante sin definir las causas que la habilitan, entre otros.

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